El gobierno mexicano no quiere que se identifiquen los momentos en que México va al mercado porque eso encarece las primas de los contratos.

Forbes México / Arturo Solís y Fernanda Navarro

La contratación de coberturas petroleras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para blindarse de la volatilidad de precios internacionales del crudo es uno de los secretos mejor guardados del mundo financiero.

Su valor anual es de alrededor de 1,000 millones de dólares (mdd) aproximadamente, según el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, quien no precisó la cifra exacta.

“Estamos pensando que esto cubre el precio de lo que representa poco más de 4% del Producto Interno Bruto (PIB)”, dijo a medios el encargado de las finanzas públicas de nuestro país, el pasado 9 de enero.

La finalidad de dichos contratos es asegurar parte de los ingresos que obtiene el Estado por la venta de crudo en el extranjero, que representan cerca de 11% de los ingresos tributarios totales del país. El desembolso para su contratación se cubre con recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, recordó que, durante toda la vida del programa —que comenzó en 2002—,  las coberturas han costado, en promedio, 1,200 mdd. Agregó que se trata de un mercado “delgado” pues las mezclas mexicanas son muy poco líquidas y casi no hay contrapartes.

El gobierno actual, dijo, no quiere que se identifiquen los momentos en que México va al mercado porque eso encarece las primas, ya que si alguno de los participantes del mercado hace “un simple despejo”, sabrá exactamente cuándo las compra y cuándo no.

“No es un tema de transparencia, es un problema de posiciones defensivas de mercado que nos pueden encarecer muchísimo más el costo, tampoco decimos cuánto, ni cuándo, ni cómo”, declaró.

Yorio agregó que no fue complicado negociar las coberturas, pero tomó más tiempo por el cambio en las fórmulas de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la cotización de precios en contratos con refinerías extranjeras, debido a la entrada en vigor de nuevas reglas de transporte marítimo —IMO 2020— que prohíbe el uso de combustóleo pesado.

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