El gobierno federal exhortó a empresarios a regularizarse ya que en caso de detectarse esquemas ilegales de subcontratación podrían ser castigados con 14 años de prisión sin derecho a fianza.

CNN Expansión / Lidia Arista

El gobierno federal llamó a las empresas que incurren en modelos ilegales de subcontratación a regularizarse, ya que advirtió que quienes sean encontrados responsables de cometer prácticas ilícitas en esta materia serán responsabilizados de delincuencia organizada.

“Lo que queremos es informar a trabajadores y patrones, de manera especial a los patrones, de que se enteren de que ya hay una nueva legislación y de que pueden ser sancionados, porque no todos saben que ya se llevaron a cabo estas reformas…En caso de que resulten responsables, significa ir a la cárcel sin derecho a fianza”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

El presidente López Obrador indicó que en diciembre diversas empresas despidieron a 380 mil empleados ya que estaban en estos esquemas. La secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, reportó a su vez que el monto de evasión en el que incurren las empresas por el outsourcing ilegal ascendería a 21 mil millones de pesos anuales.

La subcontratación está establecida en la Ley Federal de Trabajo desde 2012. El año pasado, en el Congreso se avaló una reforma laboral en donde se precisaron estos esquemas y además se impulsaron iniciativas para limitar esta práctica, las cuales no prosperaron. Esta instancia también avaló en 2019 una reforma para combatir la evasión fiscal por parte de las empresas al considerarla como delincuencia organizada.

El procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Romero Aranda, explicó por su parte que en esta administración se castigará a todas aquellas empresas que ofrezcan el servicio de subcontratación ilegal, pero también a quienes lo adquieran.

“Lo que se busca es erradicar el outsourcing ilegal y es precisamente a través de la reforma que se aprobó y que entró en vigor este año, donde podemos ver los riesgos que tienen tanto los contribuyentes que contratan el servicio de outsourcing y las empresas que prestan el servicio de outsourcing. La reforma va precisamente a castigar y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal”, comentó.

Romero Aranda indicó que estas empresas están constituidas por pocas personas, no tienen activos y –a su decir– se constituyen con un fin ilegal ya que no reportan sus cuotas patronales y defraudan al IMSS, al SAT y al Infonavit.

El procurador fiscal explicó que quien que contrata este tipo de servicios corre el riesgo de que se le inicie una investigación, que se presente la querella respectiva, que se gire orden de aprehensión y que pueda ser sancionado hasta con 14 años de prisión por contratar este servicio.

Detalló que en el caso de quien presta este servicio ilegal puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa o condenado hasta con 20 años de prisión. “Es muy importante que dejen de prestar este servicio ilegal, sí hay sanciones, esto ya cambió”, comentó.

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