Cualquier posible beneficio para el país por la comercialización de crudo derivado de un conflicto armado, particularmente mayores ingresos petroleros a las arcas públicas, se vería neutralizado por el incremento en el costo de las importaciones de gasolina y diésel.

Forbes México / Arturo Solís

El 2020 comenzó con el asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta acción generó incertidumbre internacional y hasta el temor del inicio de la tercera guerra mundial.

Mientras ambos gobiernos siguen intercambiando amenazas, el mercado energético registró un incremento en los precios del petróleo crudo, particularmente del Brent y WTI, de al menos 4% en los primeros días del año.

Pero no hay un impacto directo en la oferta mundial de crudo tras el ataque. “Las exportaciones de Irán se encuentran severamente acortadas como resultado de las sanciones estadounidenses”, recordó la firma Capital Economics en un reporte.

Incluso la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) estimó que la demanda de crudo cayó el año pasado por primera vez desde 2009, aunque solo en 90,000 barriles diarios, derivado de la lenta actividad de refinación.

La mezcla mexicana de petróleo crudo, que también ha reflejado incrementos de 4% en los últimos días, en el mediano plazo es poco probable que se invierta la tendencia decreciente en su precio, pues solo hay incertidumbre, pero no volatilidad ni un cambio de rumbo.

“No hay que dejar de lado, que desde finales de diciembre, ya se ve presionado el precio del Maya por las restricciones a los crudos con alto contenido de azufre, debido a las nuevas políticas del IMO 2020”, Erick Sánchez Salas, analista de la consultora IHS Markit.

Pero si la incertidumbre se convirtiera en volatilidad derivado de una guerra entre ambos países y el precio del petróleo se disparara, cualquier posible beneficio para nuestro país por la comercialización de crudo, particularmente mayores ingresos petroleros a las arcas públicas, se vería neutralizado por el incremento en el costo de las importaciones de gasolina y diésel, que aún representan más del 60% de la oferta nacional.

Frente a este escenario, dadas las políticas del gobierno sobre el control de precios de combustibles, esta administración se vería obligada a recortar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles, gravamen que ha sostenido en gran medida la recaudación tributaria de esta administración.

“Situación cuando menos comprometedora para las finanzas públicas”, agregó Sánchez Salas.

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